Investigaciones especiales

¿Crisis o renovación del sindicalismo? Un repaso por las teorías y opciones estratégicas

Parte II: Sindicatos y la teoría keynesiana

Como se puede deducir del apartado anterior, mientras para el enfoque liberal, los aumentos salariales eran una fuente importante del desempleo y estancamiento económico tenía su origen en el mercado de trabajo; la teoría keynesiana refutó las proposiciones de los economistas clásicos.

John Maynard Keynes, cuyo ideario tuvo una poderosa influencia en las políticas económicas aplicadas entre 1930 y 1970, en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero ( 1936 ), entre otras tesis, fundamentó que el desempleo no se originaba en el mercado de trabajo, sino en la compraventa de bienes y servicios. Ello debido a que la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a contratar está en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan vender, y del precio de estos. Y, cuando la demanda tiende a disminuir o es insuficiente, las empresas prescinden de los trabajadores, lo cual genera la desocupación.

Además, contrariamente a la ortodoxia liberal, Keynes aseveró que la causa real del desempleo era el exiguo gasto en inversión y, por lo mismo, rechazó la propuesta de los neoclá­sicos de bajar los salarios como fórmula para disminuir este problema. Sobre esta línea, los keynesianos señalaron que una reducción de los salarios repercutiría en una disminución de la demanda, con lo cual se crearía más desempleo al decrecer la producción.

La principal novedad de la obra mencionada consiste en afirmar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, ni al ajuste automáti­co de la oferta y la demanda, sino hacia un equilibrio que solo fortuitamente coincidirá con el pleno empleo.

En este sentido, para frenar la caída e inestabilidad de la demanda agregada (total de bienes y servicios demandados por los habitantes de un país, a un determinado nivel de pre­cios, en un determinado periodo de tiempo), los keynesianos plantearon que el principal antídoto de ese proceso sería la intervención directa del Estado en la actividad económica y en materia de gasto público.

A fin de reactivar la demanda agregada, la cual cayó dra­máticamente a causa de la crisis económica mundial de 1929, impulsaron la instrumentación de una “política fiscal expan­siva”, basada en el aumento del gasto público y la reducción de la recaudación fiscal (a través de la disminución de los impuestos), cuya consecuencia, empero, fue el aumento del déficit de las finanzas estatales, debido al desequilibrio entre el gasto y los ingresos.

Desde la perspectiva de los keynesianos, el aumento del gasto público en infraestructura y bienestar social provocaría el alza de la producción y, ésta, estimularía el descenso del desempleo, el pago de salarios más altos y un mayor poder de consumo de bienes y servicios, que a su vez impactaría en el crecimiento de la inversión empresarial.

El pensamiento keynesiano, en sentido estricto, fue un mentís a los economistas clásicos y neoclásicos, quienes ase­guraban que el mercado es capaz, por sí mismo, de resolver el problema de la crisis y del desempleo mediante un ajuste automático de la oferta y la demanda. Por ello, propuso la in­tervención del Estado en la economía y el aumento del gasto público hasta lograr que la demanda y la inversión se recupe­raran, y alcanzar el pleno empleo.

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Respecto al rol otorgado por la teoría keynesiana a los trabajadores y a los sindicatos en este proceso, en algunos cír­culos académicos existe la creencia de que esta corriente efec­tivamente simpatizó con una redistribución real del ingreso, la resistencia de los trabajadores frente a la estrategia patronal de revisar los contratos a fin de reducir los salarios nominales, un verdadero mejoramiento de los salarios y de las condicio­nes de vida de los obreros, así como la participación activa de las asociaciones colectivas en la determinación de la política económica, salarial y laboral.

Lo que no se puede perder de vista, empero, es que si bien mientras estuvieron vigentes las políticas keynesianas, el Es­tado creó un extenso entramado de instituciones sociales; se instituyó una arquitectura jurídica que legitimó los derechos colectivos y, con ello, los sindicatos vivieron un auge inusitado tanto en el sector privado como en el público; lo cierto es que, en el contexto de las secuelas del crack del 29 y del ascenso vertiginoso del socialismo, Keynes y sus seguidores, en reali­dad se abocaron a fundamentar un cuerpo teórico orientado a sacar al capitalismo de su severa crisis económica y política.

Por ello, no es casual que John Maynard puntualizara: “… los trabajadores y sindicatos…, no están en condiciones de determinar el nivel general de los salarios reales”, pues en el fondo creía que los salarios estaban sujetos a la capacidad de absorción de las empresas, las cuales suelen ofertar una menor cantidad de puestos de trabajo como mecanismo para rebajar los salarios mínimos establecidos, o a fin de enfrentar la incertidumbre sobre el rumbo de la economía.

De hecho, Keynes promovió la intervención del Estado para proporcionar certeza a la inversión privada y absorber la demanda de empleos que las empresas eran incapaces de crear. Sobre esta premisa, la participación estatal tendría la misión de hacerse cargo de un sólido programa de inversión y una vasta red de obras públicas en sectores estratégicos que alentaran al capital: transporte, comunicaciones, electricidad, puertos, vivienda, salud, seguridad social y educación.

Según la obra de Benjamín Coriat, El Taller y el Robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica ( 1982 ), el desarrollo logrado por el capita­lismo después de la II Guerra Mundial, cuando predominó el “Estado de Bienestar”, fue resultado de un compromiso inter­clasista, conocido como “pacto keynesiano implícito”.

La esencia del “pacto” radicó en la aquiescencia de los trabajadores hacia el sistema capitalista y el paradigma “key­nesiano-fordista”, a cambio del reconocimiento oficial de los sindicatos y partidos obreros, principalmente de orientación socialdemócrata, como parte importante del nuevo modelo de reproducción económica y social erigido para sustituir el arquetipo liberal. Como se apuntó arriba, desde el ámbito del mercado laboral, se trató de una respuesta del capitalismo a los avances del bloque socialista.

A pesar de las implicaciones geopolíticas de dicho pro­ceso, sin duda, se trató de un avance significativo por las siguientes razones:

  • Se reconoció la existencia de la clase obrera, los trabaja­dores del sector público y las organizaciones sindicales como una realidad política.
  • Se reconoció a trabajadores y sindicatos como elemen­tos centrales de la estabilidad del sistema y de la legitimidad del Estado.
  • Se legalizó un entramado institucional formado por las organizaciones sindicales, como referentes indispensables para el funcionamiento del sistema económico, la preservación del régimen político y la contención o moderación de políticas económicas, salariales y laborales abiertamente antiobreras y antisindicales.

• Se avanzó en la consolidación de los derechos sociales y colectivos, la aplicación de una política de crecimiento sala­rial relativamente decoroso; la creación y fortalecimiento de una potente red de instituciones sociales abocadas a mejorar el bienestar de los trabajadores y sus familias; así como el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores legítimos frente al Estado.

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