Investigaciones especiales

La justicia laboral se olvidó de los ex trabajadores de Ruta 100

Su dirigente, Jorge Cuéllar Valdés, narra a RS la agobiante ruta que han recorrido por más de 20 años, exigiendo justicia a los gobiernos de la CDMX y a las autoridades laborales para que sus ex líderes les rindan cuentas de las empresas fundadas con sus liquidaciones en 1996 y de las que se adueñaron ilegalmente despojándolos de la concesión de 45 rutas

A sus 63 años, las huellas de una lucha desgastante han marcado los surcos que recorren el rostro moreno de Jorge Cuéllar Valdés, quien desde hace más de 20 años encabeza el movimiento de los ex trabajadores de Ruta 100, por recobrar su patrimonio y los recursos que les fueron arrebatados de manera fraudulenta por sus ex dirigentes, Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, quienes al decir de Cuéllar permitieron que prestanombres de políticos se adueñaran del jugoso filón económico que representa el transporte de pasajeros en la Ciudad de México.

A manera de reflexión, Jorge Cuéllar habla de la importancia de visualizar a la población y en especial a  las nuevas generaciones, sobre la podredumbre que hay detrás de las líneas del Metrobús y sus lustrosas unidades de dos pisos que hoy  transitan por  las principales avenidas como Reforma, agrupadas en la empresa Grupo Metropolitano del Transporte (GMT).

Para este hombre que empezó su oficio de chofer a los 17 años, es necesario recapitular sobre las razones de fondo que motivaron la decisión de las autoridades para desaparecer Ruta 100, pasando por encima de los derechos de los más de once mil trabajadores.

Detalla a RS que en la década de los 80s, Ruta 100 llegó a ser modelo del transporte público en todo el continente por la calidad del servicio, y a bajo precio, que ofrecía a la clase trabajadora y la población de menos recursos no sólo de la ciudad sino de municipios conurbados como Neza y Tlalnepantla, hasta donde llegaban sus ramales; no obstante esto, siendo regente Oscar Espinoza Villareal, se decretó la desaparición de la empresa alegando que el subsidio con que operaba le costaba al gobierno de la ciudad más de mil millones de pesos al año.

DE LA EMPRESA MODELO NADA QUEDÓ

Años atrás, durante la huelga de 1989, los trabajadores había alertado de la intención por privatizar a la empresa pública pues un buen  número de  las dos mil 800 unidades que conformaban su parque vehicular comenzaron a deteriorarse por la falta de mantenimiento y refacciones; es decir, comenta Cuéllar Valdés, Ruta 100 fue inducida a una quiebra artificial.

“Cuando tuve la oportunidad de acudir al extranjero a estudiar el asunto de la reglamentación social y laboral, expertos de la OIT de países como Alemania, Inglaterra y Rusia, analizaban lo ocurrido en Ruta 100 como una instrucción dada al gobierno de México por organismos globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. En esta estrategia, primero adelgazaron la plantilla de trabajadores lo que motivó la huelga de 1989 para después proceder a privatizar a la empresa, entregando sus concesiones a particulares, bajo el pretexto de que el subsidio que beneficiaba de manera directa  a las clases populares, era insostenible”, revalora Jorge Cuéllar.

Todavía con un dejo de incredulidad, el hombre que ha visto morir en todos estos años de lucha a muchos de sus compañeros, agobiados por las enfermedades y la pobreza, dice que uno de los mayores errores cometidos fue iniciar un movimiento para exigir la liberación de sus entonces líderes, Ricardo Barco y Gabino Camacho, encarcelados por las autoridades como una medida de presión para que accedieran a liquidarse.

ESTARÍAN  MEJOR EN LA CÁRCEL

Jorge Cuéllar viajó incluso a los Estados Unidos buscando el apoyo de sindicatos para que sus dirigentes fueran liberados. Y junto con sus compañeros lo consiguieron pero en su solidaridad y benevolencia llevaron la penitencia: Barco y Camacho comenzaron a fraguar un plan para despojar y desplazar a sus compañeros. Los convencieron para que el monto de sus liquidaciones fuera invertido en dos rubros: un 28 por ciento para gestionar concesiones y un 30 por ciento para la compra de parque vehicular. El embrión que dio origen al hoy llamado Grupo Metropolitano de Transporte (GMT).

De los 11 mil liquidados, sostiene Cuéllar, le entraron al proyecto 8 mil ex trabajadores pues el proyecto, al decir de sus dirigentes, apuntaba a ser todo un éxito y tras la recibir su liquidación en agosto de 1996, arrancaron con 500 unidades, 45 rutas de las 285 existentes y 9 módulos. El asunto se comenzó a torcerse muy pronto pues  Barco y Camacho empezaron a hablar de constituir cooperativas para manejar los recursos y diversas áreas de negocios como una dedicada a la prestación del servicio de taxis, con 100 unidades.

Sucedió entonces que en las cooperativas aparecieron no más de cinco socios, muchos de los cuales ni siquiera fueron parte del sindicato de Ruta 100. A los verdaderos ex trabajadores les entregaron un papelito donde se les notificaba su carácter de “socios”. Más tarde corroboraron que todo era un fraude para despojarlos de sus bienes y recursos.

Incluso, añade Cuéllar Valdés, constituyeron un fideicomiso en el banco IXE, pero más tarde, al seguirle la pista al dinero se enteraron que este había ido a parar a instituciones del extranjero como Bank One y firmas de inversión como Merryl Lynch. “Por ejemplo, dice, en la compra de los camiones nunca nos dieron el carácter de socios.

En su carácter de presidente de la empresas, Jorge Cuéllar fue testigo de la forma en que iniciaron los saqueos y los malos manejos para con los ex trabajadores de Ruta 100. “En una de las empresas que yo representaba se checaban las entradas y salidas de diesel. Y por ejemplo, entraban tres pipas y ellos ponían siete. Y todavía querían que yo les firmara. Y así con todo lo que se adquiría, refacciones, llantas, etc. Todo lo elevaban de precio”.

CORRUPCIÓN Y SUELDOS DE MISERIA

En contraparte, a los 2 mil “socios” que laboran apenas y recibían una paga de 80 pesos diarios pues Barco y Camacho decían que era necesario ahorrar gastos para que la empresa creciera; el resto de los trabajadores que aportaron sus liquidaciones para financiar el proyecto, debían esperar turno hasta que se abriera una nueva empresa. Ellos no percibían ni un peso y muchos de ellos se quedaron esperando la esperada jauja que les diera un empleo bien pagado y un mejor nivel de vida con los dividendos de las ganancias que nunca llegaron.

La negativa de Jorge Cuéllar a pasar por alto los robos al patrimonio de sus compañeros le costó la segregación por parte de Barco y Camacho. “Me corrieron porque me puse del lado de los trabajadores y denuncié la injusticia de cobrar 60 y 80 pesos al día por ser socios, porque teníamos, según ellos, qué hacer productiva a la empresa”.

Todavía calan en su memoria las promesas y las arengas de sus líderes para convencer a sus compañeros: “Van a ganar más que cuando trabajan para Ruta 100, van a tener mejores prestaciones y van a ser socios. Y nosotros pensábamos, sí claro, y no nos pueden fallar son nuestros dirigentes que sacamos de la cárcel”, recuerda con una dosis de indignación e ironía, Cuéllar Valdés.

Al aproximarse en el año 2000, y aunque Barco y Camacho tenían la representación, ante la serie de desencuentros que llegaron a un franco enfrentamiento interno por los abusos de sus líderes, el Tribunal Federal de Conciliación ordenó constituir un comité litigante, surgiendo para el efecto tres planillas: la de Barco, la de Cuéllar y otra más de un ex trabajador de nombre Leonel. En dos asambleas Jorge Cuéllar se alzó con la victoria; en la primera con mil 800 votos y en la segunda con 6 mil.

La primera toma de nota a favor del entrevistado se dio en 2001, pero fue echada abajo por Barco y Camacho mediante amparos, pero en junio de 2004, en otra asamblea su planilla volvió a ganar. “Desde entonces han querido moverme pero no han podido, porque el que encabezo es un comité liquidador, ya no hay reelección porque no existen ni la empresa ni el sindicato”, apunta el líder.

BARCO Y CAMACHO YA NO REPRESENTAN A LOS EX TRABAJADORES

Y pese a tener la representación de la mayoría de los socios y ex trabajadores Barco y Camacho se negaron a entregarles el manejo y control de las empresas que ya funcionaban como compañías particulares. Desde entonces, retoma la historia Cuéllar, inició la lucha legal para que las autoridades hagan justicia a sus compañeros y obliguen a sus ex dirigentes a devolver lo que por derecho les pertenece.

Surge la pregunta: ¿Don Jorge, si el problema apunta ser un conflicto intergremial, por qué se han venido manifestando durante años  en las oficinas del Jefe de Gobierno en turno, cuál es el reclamo a las autoridades?

“El asunto –explica–, radica en las concesiones porque es el gobierno quien se les ha entregado; si no tuviera vela en el entierro ya se les hubieran retirado. Y parece irónico que mientras ellos, sus prestanombres y socios se enriquecen con el manejo de 45 rutas y tres líneas de Metrobús que crearon con nuestra empresa como son, la uno; que  va del Caminero a Insurgentes; dos, de Tacubaya a Tepalcates y la tres, del Rosario a Villa de Aragón, nuestros compañeros se estén muriendo en la miseria”, remarca el dirigente en la entrevista.

Añade Cuéllar que los gobiernos de Rosario Robles y Marcelo Ebrard refrendaron a Barco y Camacho las rutas acordadas en un convenio firmado en noviembre de 1999. “En el gobierno de Marcelo fue Armando Quintero como titular del transporte, quien les ratificó las concesiones. Y todo es propiedad de los socios inversionistas no de unos cuántos”.

Indica que para tratar de aminorar el asunto en su gobierno, y ya de salida, Ebrard les entregó 13 millones de pesos a repartirse entre mil trabajadores, con lo que cada uno recibiría 13 mil pesos; “como esto lo anunció ante los medios de comunicación, despertó el avispero y como el mismo gobierno entregó los cheques en Bolívar y Diagonal 20 de Noviembre, no llegaron mil ¡sino cinco mil¡”.

La Asamblea Legislativa junto con el Senado, avalaron que a los ex trabajadores de Ruta 100, les sean devueltos los equivalentes a precios actuales del 28 y 30 por ciento de sus liquidaciones que entregaron de buena fe a Barco y Camacho. El monto que exigen es de alrededor de 360 millones de dólares.

NI LOS AÑOS NI LA MUERTE LOS DERROTARÁN

Pero a más de 20 años de marchas y plantones, la lucha no ceja. “Ya se murieron mil 200 compañeros de los 7012 que peleaban sus derechos, pero quedan sus viudas e hijos, razón por la que seguimos luchando. Peleamos en justicia lo que nos corresponde porque nosotros invertimos en esas empresas nuestros recursos. Es responsabilidad del gobierno hacernos justicia y quitarles las concesiones para hacer un reparto justo”.

Sostiene el dirigente que entablar una lucha legal y política sin recursos no ha sido fácil. “Se tienen que certificar documentos, las pruebas ante notario y todo eso cuesta; además tenemos que pagar a expertos financieros y contadores para que hagan la cuantificación del daño patrimonial, y esto está tipificado en el artículo 103 constitucional: el daño patrimonial por negligencia del Estado o por complicidad del mismo, como es lo que reclamamos en este caso”.

Lo único que en resumen piden los ex trabajadores, es que las autoridades les hagan justicia porque a través de argucias legales y complicidades de funcionarios, desde hace más de 20 años la dupla de Ricardo Barco y Gabino Camacho, se ha enriquecido  junto con sus socios y prestanombres como, detalla Cuéllar, son los casos de Jesús Padilla y una mujer de conocida como “La Jarocha”, que manejan a su nombre la línea 7 del Metrobús de doble piso.

“Hay que reconocerles, añade Cuéllar Valdés, que son unos mafiosos inteligentes; ellos no firman nada pero sus prestanombres sí”. ¿Qué si no existe la justicia para el trabajador?, replica el cuestionamiento el entrevistado para subrayar: Es obvio que la tendencia actual es la desintegración de los derechos sociales y laborales.”

“Y en casos como este –abunda– parte de los beneficiados son los funcionarios que han estado al mando de los gobiernos de la ciudad. Sería bueno, ahora que viene el cambio, pedir una investigación a fondo para saber quiénes han hecho millonarios con el hambre y la miseria de mis compañeros. Sospechar no es un delito pero podemos asegurar que muchos políticos están metido en el negocio del transporte en la CDMX. Lo que dejamos bien claro es que así sea cayéndonos de viejos pero no vamos a dejar luchar para que se nos haga justicia, porque esto también es un asunto de trabajadores con mucha dignidad”, remacha Jorge Cuéllar.

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