Editorial

Ruta 100 por la senda de la injusticia

Autotransportes urbanos de pasajeros Ruta 100 (R-100) o Sistema Metropolitano de Transporte 100 (SMT 100), fue un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios dependiente del Departamento del Distrito Federal (DDF) -actualmente Gobierno de la CDMX-, que prestó servicio de transporte de pasajeros tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México desde 1981 hasta 1995, año en que se declaró en quiebra y desapareció.

La extinción de R-100, decretada durante la regencia de Oscar Espinosa Villarreal, aceleró el proceso de privatización del transporte público en la capital del país, iniciado por su antecesor, Manuel Camacho Solís.

En 1958, el DDF, encabezado por el regente Ernesto P. Uruchurto intervino la línea de autobuses Lomas de Chapultepec Primera Clase, cuyos propietarios enfrentaban problemas de solvencia económica, por lo que paso a formar parte de la administración capitalina con el nombre de Servicio Lomas de Chapultepec – Reforma Ruta 100.

La línea administrada por el DDF se caracterizó por su eficiencia y buen servicio.

En tanto, la denominada Alianza de Camioneros de México concentraba la mayoría de las rutas que corrían por la Ciudad de México, la cual ofrecía un servicio deficiente.

Ante la situación, el DDF, por conducto del regente Carlos Hank González, celebró un convenio con la Alianza para mejorar la calidad del transporte. Los concesionarios se comprometieron a renovar 2 mil 400 unidades, racionalizar los recorridos y ofrecer seguro de viajero.

Sin embargo, después de siete meses, los acuerdos firmados no se cumplieron en su totalidad, por lo que el 18 de agosto de 1981 el entonces presidente José López Portillo emitió un decreto por el que se creo un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, con el objetivo de prestar servicio de transporte de pasajeros en el DF y zonas conurbadas.

Había que convertir a la empresa en el modelo de transporte urbano tanto en el ámbito administrativo como en el de operación.

De hecho, se convirtió en la empresa estatal de autobuses más importante y eficiente que ha tenido la Ciudad de México, marcó la época de oro del servicio público de transporte, fundamentado en una política social de subsidios plenamente justificada.

Para 1985 había 7 mil 100 kilómetros de servicio en trayectos mejor planificados y con tarifas más bajas que los autobuses del Estado de México. Inclusive varias rutas de R-100 penetraba a municipios conurbados.

En las postrimerías de los años 90, R-100 contaba con un parque de 7 mil 500 autobuses.

No obstante, los intereses políticos y presiones sindicales, impulsaron al gobierno del Distrito Federal, bajo la regencia de Manuel Camacho Solís, a ceder concesiones del transporte de la Ciudad a vehículos de baja capacidad, tipo Microbuses, que comenzaron a operar en 1987. El 3 mayo de 1989, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR-100) inició una huelga en demanda de 100% de aumentos salariales. Un tribunal de asuntos laborales declaró ilegal la huelga, el 9 de mayo, el sindicato aceptó la oferta de aumento salarial de 14% y se reestableció el servicio.

El sindicato no solo perdió la huelga, sino incluso unas 7 mil de las 20 mil  plazas laborales que tenía.

El 8 de abril de 1995 el DDF, encabezado por Oscar Espinosa Villarreal, decretó la quiebra de R-100, debido -según las autoridades- a su insolvencia económica y la deficiencia de su servicio (mismos argumentos utilizados años después para desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza el Centro y a su sindicato -SME-), el origen del deterioro financiero según el gobierno de la ciudad radicó en la “coadministración” entre Sutaur-100 y funcionarios del organismo.

R-100 transportaba diariamente a 2.8 millones de usuarios en 207 rutas y daba empleo a 12 mil 98 trabajadores sindicalizados y mil 694 empleados de confianza.

Tras la declaración de la quiebra ocurrieron misteriosos hechos que hasta la fecha no están esclarecidos: el suicidio del entonces secretario del Transporte del DF, Luis Miguel Moreno, el 10 de abril, el acribillamiento, el 18 de junio, de Humberto Priego, el fiscal asignado a la causa contra lideres del Sutaur- 100, y la ejecución, del magistrado Abraham Polo Uscanga, quien denuncio presiones del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Saturnino Agüero, para girar las órdenes de aprehensión contra los representantes gremiales.

En el año 2000, la entonces jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles Berlanga, emitió decretos por los que se extinguió el organismo público descentralizado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

Entonces se creó la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, con el objetivo de brindar servicio radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito Federal.

La RTP presta servicio en 88 rutas; Grupo Metropolitano de Transporte, integrado por ex trabajadores de R-100, presta servicio en 45 rutas; Las Rutas 111, 114, 115, 117, 118 y 119, también proporcionan el servicio, pero son de capital privado.

Al día de hoy, podemos concluir que de 10 empresas en las que se dividió el organismo solo quedan operando 8 de ellas, adicionando las que se han creado como Corredores Viales de Transporte y Proyectos de Metrobús.

La quiebra de R-100 no solo dejó pérdidas irreparables a la conectividad del área metropolitana, sino que este mismo daño podría tomar décadas para repararlo para reponer una calidad de servicio similar a la que prestaba R-100.

En el plano sindical continúa la lucha por la liquidación al 100% de lo que consideran el patrimonio del Sutaur-100, se menciona que están en juego más de mil millones de dólares que es el valor de la infraestructura del transporte urbano en la Ciudad de México. Exigen, tanto al gobierno federal como al gobierno de la Ciudad de México, un trato de sociabilidad con justicia para que liquide en definitiva el adeudo histórico que arrastran dese hace 23 años con los trabajadores de la empresa camionera que fue orgullo de Latinoamérica en materia de transporte urbano.

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