Diván de la utopía

Fideicomisos, quebranto millonario a jubilados

La tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la impunidad y corrupción tendrá en las investigaciones varadas en la Procuraduría General de la República—ahora Fiscalía–, y en la inejecución de laudos en torno a fideicomisos y fondos mutualistas saqueados por dirigentes sindicales, uno de sus primeros retos para demostrar que la recuperación del estado de derecho va en serio.

Por años, miles de jubilados de entidades públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras privatizadas en el sexenio de Ernesto Zedillo, como Ferrocarriles Nacionales, han tocado infinidad de veces a las puertas de los órganos de justicia sin que las autoridades apliquen la ley y les devuelvan los ahorros que, supuestamente, les ayudarían a tener una vejez digna. Y ya ni qué decir de castigar a los responsables de los multimillonarios quebrantos. Cobijados por el poder y el fuero nunca perdieron el sueño con la remota idea de pisar la cárcel o siquiera ser llamados a declarar en barandilla.

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Buena parte de esta pública y conocida impunidad la obtuvieron los líderes por su filiación, apoyo y acuerdos políticos con el PRI, organismo que cobijó bajo su corporativismo protector a estos personajes que ahora buscan con urgencia tender los puentes con el nuevo gobierno para no enfrentar a la justicia.

La pregunta es: ¿Lo lograrán?

Porque de no ser así, las cosas se les van a complicar y en los próximos meses estaríamos observando noticias de algunas aprehensiones y el inicio de procesos judiciales, porque las cantidades defraudadas no son un asunto menor y los implicados se ubican tanto en los sindicatos como en las esferas públicas.

La impunidad de que gozaron los responsables del saqueo a los fondos de ahorro de los jubilados involucraba lo mismo a legisladores que a funcionarios de varias dependencias como la PGR, la Secretaría del Trabajo y otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que permitieron  desde hace varios sexenios el ilegal cobro de cuotas sindicales a miles de ferrocarrileros en retiro.

Para cualquier jurista resulta inexplicable cómo es que existiendo amparos con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los 1200/2014 y 1779/2014, que obligaban tanto a la dirigencia ferrocarrilera como a las autoridades a impedir la ilegal retención de cuotas sindicales a 28 mil jubilados de todo el país, sencillamente no se hayan ejecutado a favor de los de los afectados.

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En el extremo de los abusos y contradicciones, los jubilados de Ferrocarriles Nacionales son los únicos trabajadores en retiro a los que todavía se les obliga al pago de cuotas pero se les niega el derecho a tener voz y voto.

Que un líder desacate una orden del máximo órgano de justicia del país podría ser comprensible pero que una autoridad contribuya a abonar una injusticia y desoiga un mandato de esa naturaleza lleva la impunidad a los extremos de una descarada complicidad.

¿Quieren comenzar a hacer justicia las recién desempacadas autoridades?

Basta con realizar una acuciosa revisión, por ejemplo, a dos fideicomisos que despojaron de sus fondos de ahorro a los ahora ancianos ferrocarrileros, sumidos en la pobreza. La averiguación previa 1167DDF2003, radicada desde 2003, fue enviada a la “reserva” en 2007 sin mediar explicar alguna a los denunciantes, que siguen reclamando la devolución de 13 mil 500 millones de pesos que se esfumaron sin que nadie rinda cuentas y menos se hagan responsable.

Lo mismo sucedió con el fideicomiso STSRM jub 1181-7, relacionado con los seguros de vida que llegó a sumar 345 millones de pesos, pero solo en el papel porque en la realidad no reportó beneficio alguno a los trabajadores del riel. La denuncia FAE/A/T1/00111/14/06, presentada en la Fiscalía de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de Justicia capitalina, tampoco caminó.

Pero sin duda que es la desaparición del Fondo Mutualista de los jubilados de la CFE, y afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), uno de los obligados casos a investigar por el nuevo gabinete, por el monto de la considerable defraudación: alrededor de 638 mil millones de pesos, estimado en el 2012.

Dicho fondo al que miles de electricistas aportaron por  40 años –de 1950 a 1990–, desapareció de un plumazo durante la firma del convenio del Contrato Colectivo 1990-1992, acordado entre los directivos de la CFE y el entonces líder, Leonardo Rodríguez Alcaine (a) La Güera”, tío del actual dirigente, Víctor Fuentes del Villar, y que ocupó el liderazgo cetemista a la muerte del legendario, Fidel Velázquez.

Y siguiendo la misma ruta de los atropellos jurídicos, el fallo emitido por los tribunales colegiados que instruyeron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), para condenar al SUTERM y a la CFE al pago y cumplimiento de prestaciones a favor de 8 mil 600 demandantes, se reflejó solo en el papel.

De nada valió el laudo emitido por la JFCA ni el pronunciamiento de la LXI Legislatura que en agosto de 2012, exigió al entonces director de la paraestatal, Jaime González Aguade; al Secretario de Energía, Jordi Herrera y a la titular de la Secretaría del Trabajo, Rosalinda Vélez, la presentación de un informe detallado sobre el asunto, en un plazo no mayor “a diez días”.

Los legisladores determinaron que estimaciones del Banco de México, ubicaban la cantidad defraudada a los jubilados del SUTERM, en unos 638 mil millones de pesos. La millonaria estafa ahí quedó sin que los agobiados ancianos pudieran recuperar sus ahorros acumulados en años de esfuerzo. Toda una vida de trabajo saqueada por un pillo que heredó su trono y complicidades a su sobrino. Un “aventajado” alumno que terminó superando al maestro en las malas artes de la corrupción y defraudación sindicales.

Casos como estos abundan y podemos citar el fideicomiso de los jubilados de la desaparecida Mexicana de Aviación o la Caja de Ahorros de los trabajadores del Seguro Social, manejada con la mayor discrecionalidad y opacidad. Injusticias que esperan se cristalice la tesis del nuevo gobierno contra la impunidad y corrupción.

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