Investigaciones especiales

Las huelgas de Tamaulipas y Michoacán pusieron en jaque la economía

La paz laboral que presumió el gobierno priista terminó de forma abrupta en los primeros meses de la administración de AMLO.

Dos meses después de que iniciara la administración de Andrés Manuel López Obrador, la paz laboral que presumió el gobierno anterior se terminó de forma súbdita con el paro generalizado de trabajadores de distintos sectores, afectando a la economía del país.

Una de las promesas de López Obrador fue precisamente la reforma laboral para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde, presentó una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo para cumplir con esa promesa.

Pero esto no impidió que los trabajadores de 45 empresas maquiladoras de Matamoros se fueran a paro de labores el 25 de enero pasado, bajo el argumento que no les pagaron los bonos correspondientes y no les han dado el aumento de 20% que les corresponde.

Días antes, los maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán suspendió clases y organizó plantones en las vías férreas de la entidad.

Pese a los esfuerzos de las autoridades para negociar con los trabajadores y lograr que regresen a sus trabajos, los conflictos no se han podido resolver.

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Esto ha generado serias pérdidas económicas en Matamoros y Michoacán, visos de un negativo y fuerte impacto en la economía nacional y hasta problemas en la dinámica de comercio exterior.

La iniciativa privada aún no tiene una cifra global de pérdidas y ante el vaivén de posturas de los trabajadores a aceptar ofertas, pero rechazarlas al día siguiente, la situación se ha vuelto insostenible para la industria mexicana.

A principios de febrero  el paro de las maquilas parecía resuelto con los acuerdos alcanzados entre los empresarios y los trabajadores. Sin embargo, el 7 de febrero  otras 29 empresas maquiladoras se fueron a huelga.

Empleados de la empresa PASA, que recolecta residuos para el municipio se fueron a paro de labores, lo mismo que el personal de

Smart, Soriana, Walmart y Chedraui , quienes exigen mejores tratos y salarios justos.

En Matamoros, el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Carlo Hernández, se dijo sorprendido por la forma en que una exigencia laboral en 45 maquiladoras de la entidad, se transformó y generalizó, siendo ahora un movimiento distorsionado, ilegal en muchos casos y con demandas que para muchos patrones será imposible atender.

“Existen paros ilegales en toda la industria de Matamoros y posiblemente alcanzará a las 115 maquiladoras que existen en la entidad”, señaló.

Dijo que las empresas han cedido a la petición de los trabajadores, lo han hecho  bajo el amago de los sindicatos, y aseguró que tarde o temprano, afectarán la competitividad de las empresas y eso se verá reflejado en falta de empleo o, incluso, cierre de fábricas.

Al respecto, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que hasta el momento han tenido que erogar 2 mil 500 millones de pesos para solventar las demandas y continuar en operación.

“Es el acumulado del chantaje que las empresas han tenido que aceptar para poder surtir y cumplir con los compromisos que tienen al firmar, significa 2 mil 500 millones de pesos que será un gran hueco que impactará en la productividad y seguramente después en el empleo”, sostuvo.

Para la iniciativa privada, el problema laboral se originó con el decreto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y la interpretación del aumento al salario mínimo, frente a su aplicación real, por parte de los sindicatos y los conceptos transmitidos a los empleados.

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En diciembre del año pasado, el gobierno de López Obrador decretó un aumento al salario de 102.68 pesos y 176.72 pesos en la frontera, con el objetivo de incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, esto resultó contraproducente para los patrones.

“Algunos contratos tenían una cláusula que indicaba que los empleados tendrían un ingreso igual a lo que aumentara el salario mínimo, sin embargo, el mismo decreto de la Conasami extingue ésta cláusula dentro de los contratos”, sostuvo Juan Carlo Hernández, de Coparmex.

Las pérdidas monetarias hasta el momento las calculan en 50 millones de dólares diarios, ya que la mayor parte de la manufactura de exporta; sin embargo, al continuar en constantes paros y amenazas de huelga (más no a emplazamientos), el peor escenario para toda la industria maquiladora en Matamoros, será la salida de empresas.

Según Hernández, cuatro empresas que empleaban alrededor de cuatro mil personas, anunciaron que se retiran de la entidad ante la incertidumbre de operación y el consecuente incumplimiento con la cadenas de suministros. Estimó que durante el año, 15 empresas más se irán, lo que significará desempleo y baja en la competitividad de la región.

En entrevista, el líder patronal indicó que desde el 25 de enero, cuando estallaron las primeras huelgas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no los ha apoyado, ni acompañado en las negociaciones.

“Es sumamente lamentable la situación, prevalece que no hay autoridades presentes del gobierno federal atendiendo esta situación”, apuntó.

Aseguró que el sector patronal está dispuesto a trabajar para recuperar la actividad económica local y confió en que la situación no se extienda a otros estados del país, aunque ya hay riesgo en Chihuahua.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que tratarán de convencer a los empresarios de quedarse en Matamoros u otro municipio, para que no se vayan de la entidad.

La abogada incómoda

La participación Susana Prieto Terrazas, como abogada “voluntaria” del movimiento obrero, no ha sido bien vista por el sector patronal.

Sin señalarla directamente, la responsabilizan de azuzar a los trabajadores para tomar una postura radical en el conflicto laboral con el “pago del 20/32 o pago del 20/32”, y no dejan otra opción.

Prieto tiene experiencia en la asesoría de conflictos laborales de maquiladoras, sobre todo en en Ciudad Juárez, y es conocida por difundir en redes sociales videos dirigidos a los obreros en donde les explica sus derechos laborales y las vías de defensa.

En estas semanas de conflicto obrero fue señalada de presuntamente colaborar con el senador Napoleón Gómez Urrutia, con la misión de controlar el movimiento, con miras a atraer a los trabajadores al sindicato del ex líder minero. Ella lo ha negado en todo momento.

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Sin embargo, evidenció la cercanía con el gobierno actual, al revelar que el senador Ricardo Monreal la buscó vía telefónica y a través de mensajes le pidió que detuviera la revuelta obrera; la recompensa se desconoce.

Su participación mediática en el conflicto la ha vuelto una “rockstar”, los trabajadores la reciben con aplausos, piden selfies con ella, y le agradecen con lágrimas su intervención, según crónicas periodísticas de Tamaulipas.

Arde Michoacán otra vez

En Michoacán, los daños colaterales por el conflicto laboral entre la CNTE y el gobierno del estado, han sido para el sector empresarial.

A mediados de enero, los trabajadores instalaron campamentos en puntos estratégicos de la entidad para presionar al gobierno de Silvano Aureoles a que pague los sueldos de diciembre y las prestaciones adicionales que les adeudaban a miles de maestros, y que el gobierno no había pagado, aguantando que no tiene dinero para solventar las demandas de los docentes.

En respuesta, los maestros de la CNTE se instalaron en las vías del tren de Uruapan, Lázaro Cárdenas y otras ciudades estratégicas para las industrias que están en la entidad.

El bloqueo a las vías férreas detuvo la llegada y salida de insumos y mercancías del puerto de Lázaro Cárdenas. Algunas empresas han optado por el uso de autotransporte de carga, que es 20 por ciento más costoso que el tren, no representa la misma capacidad de traslado y en algunos casos, es más lento.

Los últimos reportes indican que las pérdidas son de más de 34 mil millones de pesos, 3.1 toneladas de mercancías detenidas, mucha de ella perecedera; y 378 trenes que no han podido realizar la distribución.

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El presidente del CCE criticó que la parálisis en la zona de distribución de mercancías se debe a la presencia de un grupo pequeño de trabajadores inconformes.

“Es imprescindible que se solucione este conflicto donde aparentemente 20 o 40 personas están llevando a estas pérdidas tan importantes que terminaran siendo pérdidas de empleo”, advirtió.

El comercio exterior también ha resentido el efecto de los bloqueos, pues no llegan a las fábricas los insumos para la producción de mercancías que después se exportarán, reveló el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).

Fernando Ruiz Huarte, director general del COMCE, dijo que el sector más afectado es el automotriz, que utiliza insumos importados de Asia.

“Está parada la importación de muchos insumos que traemos de Asia, de importaciones temporales de productos intermedios que están afectando ya la industria automotriz, en donde ya hay paros técnicos porque no han llegado algunos productos”, apuntó.

En el caso de Michoacán, los empresarios pidieron apoyo del gobierno federal, pero la respuesta ha sido insuficiente, ya que siguen los bloqueos y con ellos las pérdidas para la industria mexicana.

A finales de enero, los dirigentes de la sección 18 aceptaron levantar el plantón luego de que llegaran a un acuerdo con ls autoridades estatales y federales para cobrar los pagos pendientes ––que son producto de las negociaciones de las administraciones michoacanas anteriores para apaciguar a los docentes–– y que hoy cuestan millones de pesos al erario del estado.

Sin embargo, un grupo de docentes se negó a abandonar los plantones y aceptar los términos del gobierno, lo que puso en jaque a los dirigentes, quienes aseguraron que no podían retirarse si las bases no estaban de acuerdo.

El conflicto podría escalar en los siguientes días, ya que el gobierno federal aseguró que no tolerarán más bloqueos. El presidente López Obrador pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una recomendación para que se establezca el actuar de las autoridades ante los bloqueos, pues no quiere utilizar la fuerza pública para quitar los campamentos.

En tanto, las empresas ya han comenzado a tomar cartas en el asunto. Kansas City Southern de México presentó una denuncia por el bloqueo a las vías férreas en Michoacán ante la Fiscalía General de la República.

Dos maestros de la CNTE tuvieron que acudir a la dependencia a declarar sobre los bloqueos, aunque hasta el cierre de esta edición se desconocían los delitos que se le imputaban a los docentes, dijo Víctor Manuel Alvarado Villegas, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 18.

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