Antes del 1 de mayo, las reformas a la Ley Federal del Trabajo deberán estar aprobadas por las Cámaras de Diputados y de Senadores, de acuerdo con las intenciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lograrlo no representará problemas, debido a que en ambas cámaras Morena tiene, con sus aliados, mayoría simple para aprobarla. Hasta ahora, salvo la pretensión de meterle mano al articulado del outsourcing, como lo contempla una de las dos ultimas iniciativas de reformas que ese partido ha presentado, el resto de las propuestas como la acreditación de representación de los trabajadores en emplazamiento por firma de contrato colectivo y los informes del manejo del patrimonio sindical cada seis meses, parecen no haber generado aparentemente mayor inquietud.
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Después que se realizó ya un foro en San Lázaro, donde dirigentes sindicales y especialistas analizaron el contenido de las propuestas, la Comisión de Trabajo de los diputados tiene condiciones para elaborar un dictamen y presentarlo al pleno para su discusión y votación, a fin de que siga el mismo procedimiento en el Senado de la República.
Interesante por demás que la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde haya dicho, desde el 20 de marzo, que el gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso de ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estaría a la espera de la concreción de un nuevo sistema laboral en nuestro país que extinga el tripartido en las juntas de conciliación y promueva la libertad sindical y la contratación colectiva.
Las palabras de la encargada de la política laboral del país dejan ver que el gobierno lopezobadorista privilegiará intereses por encima de los trabajadores, con la finalidad de preservar la tranquilidad para las empresas. ¿Como entender entonces las huelgas en Matamoros, impulsadas por, entre otros, el sindicato minero y que se han traducido en la salida de algunas maquiladora al no satisfacer las exigencias de aumentos salariales de 20 por ciento más bonos por 32 mil pesos?
Lo anterior corre el riesgo de interpretarse que en materia de outsourcing pudiera incluso mantenerse en las condiciones en que se encuentra desde que en el último cuatrimestre de 2012 en que fue incorporado a la Ley Federal del Trabajo, pese a que se ha convertido en práctica usual para disminuir prestaciones económicas a los mínimos legales.
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En otras oportunidades he reiterado que el outsourcing o subcontratación tiene una finalidad benéfica, al permitirles a las empresas no desviarse de su objetivo. A manera de ejemplo, la banca tiene un objeto social especializado, por lo que requiere que la limpieza de sus instalaciones la realice una firma dedicada a ese rubro.
Lamentablemente por la ausencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión para hacer cumplir la ley, esa figura ha sido utilizada para reducir salarios y prestaciones de los trabajadores. En otras oportunidades he citado que en la banca más del 40% de los trabajadores están contratados a través de empresas subcontratistas.
A esos trabajadores de la banca se les pagan las prestaciones previstas por la ley laboral, excepto al reparto de utilidades -una prestación económica con rango constitucional-. Incluso el banco número uno creó, desde la década pasada, una empresa a la que le trasladó a todos sus trabajadores -unos 30 mil- ahorrándose miles de millones de pesos.
Es cierto que el actual gobierno tiene sólo cuatro meses. Sin embargo, frente a la situación del país es inaceptable, desde cualquier punto de vista, se permitan prácticas que lesionan sus intereses en beneficio de empresarios que sólo ven las utilidades de sus firmas, sin reparar en las necesidades de sus trabajadores.
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La propuesta de Morena de endurecer los requisitos para la contratación a través de empresas outsourcing ha generado inquietud entre algunos empresarios, por lo que de mantenerse la posición de Morena de incluir la propuesta en la Ley Federal del Trabajo, la reforma pudiera no ser tan tersa.
Es cierto, no es necesario endurecer los criterios para subcontratación: lo que se necesita es que se aplique la ley en los términos en que está. Ese es uno de los grandes retos en materia laboral del Gobierno de López Obrador.
Si bien es cierto ese punto es el único que ha provocado algunas tensiones, también lo es que la iniciativa presentada en diciembre por el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, contiene puntos que pudieran violentar disposiciones contenidas en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es importante puntualizar que ese convenio -junto con el 98 recién ratificado por nuestro país-, forman parte del marco jurídico, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución. Por tanto los legisladores deberán ser muy cuidadosos en lo que aprueben, porque de lo contrario lloverán juicios que obligarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer la constitucionalidad en algunos casos.
El Convenio 87 en específico es muy claro en que el gobierno no puede inmiscuirse en la vida interna de las organizaciones sindicales, incluida su propia administración.
La reforma laboral es una necesidad, a fin de de regular la que en materia constitucional se aprobó y está vigente desde 2016 y que implican, entre otros renglones, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, para ser sustituidas por juzgados laborales.
Y viene ahí otro aspecto: el nuevo centro de conciliación y registro sindical, con las facultades que se le pretende otorgar, lo convertirá en un ente particularmente poderoso, una especie de monstruo.
Sería bueno que envestigen los sindicatos que siempre utilizaban su registro para vender la mano de obra.