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El ABC de cómo se construye un candidato en México

El partido en el poder usa la estructura del Estado para lograr que su abanderado llegue a ocupar el puesto para el que fue electo; los servidores públicos se convierten en operadores electorales, los empresarios en aliados y el terror del crimen organizado en estrategia, sin faltar los órganos electorales con funcionarios a modo. Esta gama de intromisiones extralegales se exponen en el libro El Infierno Electoral de Bernardo Barranco

La receta para que un candidato del PRI llegue al poder se encuentra en convertir el aparato del Estado en aparato electoral. Los servidores públicos se transforman en operadores cuyas acciones pueden variar desde rentar una bodega hasta usar los recursos de programas sociales para comprar el voto, así lo explica Bernardo Barranco como coordinador del libro El Infierno electoral.

El texto es un documento vivo que da muestra de cómo funciona la estructura del PRI y cómo desde antes de la elección del presidente Enrique Peña Nieto ya operaba con sus viejas formas dinosáuricas. Ahora, en esta campaña por la Presidencia, dice Barranco, ya ha echado a andar su maquinaria. Lo anterior se puede observar en la persecución de la Procuraduría General de la República (PGR) al candidato de la alianza PAN-PRD, Ricardo Anaya, en las tarjetas rosas que se reparten en los estados, en el tema del crimen organizado y la incidencia en los procesos electorales.

En el libro se describe la experiencia de las elecciones en el Estado de México y, como explica Barranco, no quiere decir que sea lo mismo que en una contienda nacional, pero hay rasgos que se advierten semejantes y que pudieran darse en la elección a la presidencia.

Tal pareciera que en el proceso actual, agrega Barranco, hay un divorcio muy marcado entre la ética y el poder, entre los valores y la acción política. Lo que se vive es un pragmatismo excesivo y una concepción que establece que el poder manda: las estructuras institucionales funcionan para conquistarlo y mantenerlo. El poder del Estado no es un instrumento de servicio, eso ya suena ingenuo y rebasado, insiste. Las instituciones son usadas para preservar al mismo partido y a sus intereses, la clase política está alejada de la ética y de un proyecto de país hacia el futuro.

Terrorismo electoral

En el capítulo con el mismo nombre, el maestro y exconsejero del Instituto Electoral del estado de México, Norberto López Ponce, muestra que los métodos del crimen organizado crean una atmósfera de elecciones del miedo, la cual tiene dos vertientes. Una, inhibe el voto y, la otra, lo orienta. Bernardo Barranco explica que esta última se ejemplifica con un caso claro, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Cuando llegó el día de la elección, Ernesto Zedillo ganó de manera masiva por el miedo que había a perder la estabilidad en el país. Aquí el miedo movilizó al electorado. Sin embargo, el miedo también se usa para inhibir el voto, y es un hecho comprobable, dice el también ex consejero electoral.

Las acciones del crimen organizado, abunda, se dieron en aquellas regiones donde la oposición tenía mayor fuerza. Fue con cirugía donde se aplicó el método del terror:

“En el Estado de México teníamos un promedio de participación electoral de 48 por ciento. En aquellas regiones donde se canalizó el voto a través de programas sociales y  de terrorismo electoral creció hasta 70 por ciento mientras que en municipios como Naucalpan, Coacalco, y Tlalnepantla, la participación estuvo por debajo del 47 por ciento, son prácticas multisistémicas, están perfectamente calibradas”.

En el libro Norberto López cuenta el hostigamiento que hubo a los militantes de Morena. Al acercarse el día de la votación, hubo acciones de intimidación graves. En sedes partidarias y algunos lugares donde se instalarían casillas se tiraron cabezas de cerdo; se pegaron pósters grandes, falsamente firmados por el IEE, en los que se “recomendaban” medidas de seguridad en caso de presentarse una balacera. En aparatosos operativos policías municipales, a bordo de grandes camionetas con torretas encendidas, repartieron citatorios falsos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) a ciudadanos funcionarios de casilla y representantes de partidos. También hubo cientos de llamadas intimidatorias a funcionarios de casillas.

Los empresarios y el poder

De acuerdo con Barranco, quien también fue exconsejero electoral, la maquinaria electoral tiene oficio para disimular y evaporar los movimientos ilícitos no sólo del erario, sino de empresas afines al grupo en el poder e incluso del crimen organizado. Se manejan miles de millones de pesos. El Grupo Atlacomulco, refiere el autor y coordinador del libro, ha detentado el poder en el Estado de México por casi 90 años con sucesiones y vínculos de sangre, como es el caso de Alfredo del Mazo, tercera generación de su familia en el poder y del Grupo.

“La política en el Estado de México no sólo es un engranaje político de poder, sino que involucra negocios ventajosos altamente rentables. El Grupo Atlacomulco es una escuela de hacer fortunas con la política, el eje ha sido el uso del poder político para beneficios económicos y del poder económico para fines políticos. El Grupo es una vasta red de intereses económicos, financieros y empresariales”.

La explotación electoral de la pobreza

En el Estado de México prácticamente 50 por ciento de la población está en situación de pobreza, la cual es usada por el PRI como un factor para la movilización de votantes.

En el libro, Barranco cita un estudio realizado por Clara Jusidman en el que revela que el presupuesto total del estado fue de 260 mil 328 millones de pesos en 2017, mientras que lo destinado a la entrega de programas sociales equivalió a 157 mil 492 millones de pesos, lo cual equivale a 60 por ciento del presupuesto.

El estudio revela que los apoyos sociales incidieron en el ánimo del votante en condición de pobreza.

“En las casillas urbanas se mantuvo el promedio histórico de abstención y sólo votó 51.9 por ciento de los ciudadanos. Mientras que en las no urbanas el voto se incrementó en 59.9 por ciento. El tema rebasa la inducción electoral y política; el uso indebido de los programas sociales con fines electorales se plantea también como un dilema ético porque, ahí, hay niveles de perversidad social y estrategias que degradan aún más la condición de sectores excluidos”.

 

 

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