El pasado 31 de mayo, apenas a un mes de entrar en vigor la nueva Reforma Laboral, los diputados del Congreso de Nayarit aprobaron la llamada Ley Burocrática Laboral que contraviene en todos los sentidos al ordenamiento votado en el Congreso de la Unión, condicionando la negociación colectiva de unos 15 mil trabajadores de base de los tres poderes locales, organismos descentralizados y 20 municipios, a la disponibilidad presupuestal.
Este contrasentido jurídico se acompañó de un marcado desaseo a los procedimientos legislativos más elementales pues la iniciativa surgió en la más absoluta orfandad política en el seno de la Comisión del Trabajo del parlamento nayarita, encabezada por el líder cetemista Avelino Aguirre Marcelo, empresario del transporte que llegó a la curul por la vía plurinominal.
Sucede que en su último día de sesiones del periodo ordinario, y sin existir de manera formal una iniciativa de ley, la Comisión referida emitió un dictamen en donde aprobaron presentar el proyecto pasando por alto los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y el reglamento del Poder Legislativo del estado, pues nadie se adjudicó de facto su paternidad.
Cual conejo que brinca de la chistera del mago, y por increíble que parezca, la ley brotó de la nada en la Comisión del Trabajo donde en apariencia se discutió. Y lo que hubiera requerido de unos cuatro meses para su trámite legislativo, se dio en una sola sesión.
De los 30 legisladores que integran la Cámara de Diputados de aquella entidad, 20 votaron a favor –incluidos los dos diputados de Morena–, nueve en contra y uno más optó por la abstención. Los que no se prestaron a dar a luz al engendro legislativo, aceptaron que era imposible que en solo unas horas pudieran leer y analizar las 103 hojas de la nueva ley burocrática que sustituye al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.
En Nayarit, los medios la han bautizado como la Ley Anti SUTSEM, porque atenta contra el derecho a la libre sindicalización y pretende atomizar la organización de los trabajadores burocráticos de acuerdo a sus áreas de trabajo.
Actualmente el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), agrupa a unos 12 mil empleados de base de los 15 mil que laboran en los tres poderes del estado, municipios y Organismos Públicos Descentralizados. El resto son representados por sindicatos minoritarios.
El SUTSEM ha mantenido una posición de absoluta independencia con el actual gobernador, Antonio Echevarría García, panista que llegó al poder ayudado por la coalición de su partido con el PRD y Movimiento Ciudadano, y que ha mantenido de manea soterrada una política antilaboral con los burócratas de base.
El sindicato mayoritario tiene presencia en los tres poderes del estado, lo mismo que en los municipios y algunos organismos descentralizados. Es decir, ha mantenido la unidad de lucha de los empleados públicos sindicalizados y aún de otras categorías como los empleados de contrato o a lista de raya.
De acuerdo al contenido de la nueva Ley Burocrática de Nayarit, no se permitirá que una sola organización tenga presencia en todo el aparato burocrático del estado; es decir, que según lo aprobado por los diputados nayaritas, cada uno de los poderes, municipios u organismos descentralizados deberá tener su propio sindicato.
Esta atomización contraviene la libre sindicación plasmada en la nueva Reforma Laboral, trastocando en el más amplio sentido la negociación colectiva al condicionar el mejoramiento de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), a la disponibilidad financiera que determine de manera unilateral la autorización respectiva.
La actual dirigente del SUTSEM, Agueda Galicia Jiménez, ha señalado que irán con todo para echar abajo tal aberración laboral que representa una auténtica involución a los derechos de los burócratas nayaritas, para lo cual recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que exija a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declare la inconstitucionalidad de la ley de probeta, y sobre la que nadie da razón de su origen.
En Nayarit todos saben que por su origen empresarial, al mandatario estatal le produce urticaria hablar de temas laborales; su padre, Antonio Echevarría Domínguez, ha sido considerado uno de los hombres más ricos del estado, cuya fortuna creció de manera exponencial cuando también fungió como gobernador. Su madre es Martha Elena García, actual diputada por el PAN y ex senadora por el mismo partido.
El legislador Avelino Aguirre Marcelo, empresario del transporte de materiales pétreos, evade hablar ante los medios del engendro surgido en la Comisión del Trabajo que preside. El que fuera “cargamaletas”, del ex cacique cetemista en el estado, Marco Antonio Fernández, ex senador y ex tesorero en el SUTERM del desaparecido Leonardo Rodríguez Alcaine “La Güera”, sabe que no hay respuestas lógicas, o al menos creíbles, para responder a los cuestionamientos de la prensa.
El asunto, al decir de laboristas expertos en la materia, no tiene vuelta de hoja: o el gobernador de Nayarit ignora en lo absoluto de qué se trata la nueva Reforma Laboral o sus asesores le mintieron al ocultarle las consecuencias legales que esto traerá consigo, sin mencionar el alto costo político a su administración y del que deberán compartir culpas los 20 diputados que aprobaron una verdadera contrarreforma a ciegas.
Una vez que la dirigencia del SUTSEN denuncie el atropello en las instancias federales, se sabrán otros detalles de esta abominación laboral.
Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com
