Investigaciones especiales

Los pendientes de Juan Ayala y sus líderes en el SUTGCDMX

Los dirigentes admitieron violaciones a los estatutos del sindicato y que se coludieron con las autoridades para intimidar a los trabajadores

Como parte de la debacle que enfrenta la dirigencia de Juan Ayala Rivero y sus secretarios  al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), trascienden diversas irregularidades cometidas en las pasadas elecciones internas, donde en secciones como  en la 34 se espera el dictamen de las autoridades laborales para reponer un proceso celebrado en el marco de una ceremonia religiosa, contrario no solo a sus estatutos, sino a la propia Constitución.

Pero las anomalías no son exclusivas del ámbito electoral. En muchas secciones como la 15, su representación ha permitido la segregación laboral de aquellos sindicalizados cuyo único delito ha sido solicitar equipos de trabajo para realizar de una manera eficaz y profesional sus funciones; en síntesis, se permitió que funcionarios de la pasada administración subutilizarán al personal de base para contratar a personal de confianza, elevando el costo de la nómina del gobierno capitalino.

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En entrevista con RS, Ramón García Morales, miembro de la Sección 34 indica que la tercera reelección de Octavio Aguilar Mora, pasó por alto, con la anuencia de Juan Ayala Rivero, todos los ordenamientos estatutarios que rigen las elecciones de su organización.

La convocatoria para los comicios de la 15, establecía la sede sindical de Antonio Caso como sitio para llevar a efecto la elección, pero alegando afectaciones al inmueble tras los sismos del 19 de septiembre de 2017, Juan Ayala consintió que se cambiara el lugar al Deportivo 18 de Marzo, pero el asunto se torció cuando al arribar al sitio el 3 de diciembre de ese año, los escasos trabajadores de la 34, presentes en el inusual acto, se encontraron con que los responsables de los procesos electorales como Héctor Ruelas, no habían siquiera designado un salón para instalar una mesa de admisión que registrara a los trabajadores con derecho a votar, presentando su último pago y su credencial para acreditarse como miembros de la 34.

Sucedió lo insólito pues fueron congregados a mitad del estacionamiento del deportivo donde precisamente ese día se celebraba la misa a la Virgen de Guadalupe; es decir, que los contados trabajadores de la 34 estaban mezclados con sindicalizados de otras secciones. García Morales detalla que una vez concluida la ceremonia religiosa y apenas había descendido del estrado el sacerdote, Juan Ayala tomó el micrófono y dijo que se pedía a los asistentes votar por la afirmativa para que Octavio Aguilar continuara por un periodo más al frente de su sección.

Ni Ruelas ni ningún otro miembro del Comité del Único se tomó la molestia de constatar que quienes alzaban la mano por la afirmativa fueran realmente agremiados a la 34, y menos aún contar los votos, pues el estatuto establece que cuando hay una planilla única su validación debe darse por la mitad más uno de los  sindicalizados. En este caso, la 34 tiene un padrón de mil 260 trabajadores por lo que se necesitaba del voto y la firma 631 de sus miembros para avalar la elección.

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Ante el cúmulo de irregularidades, los trabajadores de la 34 decidieron acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para pedir la anulación del proceso; de hecho, y como señala Ramón García, una vez puesta la demanda contra los dirigentes del Único fue que se dieron a la tarea de recabar firmas. El asunto es que estas no les ajusta porque apenas presentaron unas cien ante las autoridades; 60 de las cuales son de miembros de su comité y 40 de trabajadores con lo que están muy lejos de contablizar las 631 que den el legítimo triunfo a Octavio Aguilar quien, al decir de los denunciantes, ni siquiera tiene toma de nota del TFCA y lleva cuatro años sin rendir un informe de labores.

Por si esto no bastara, añade Ramón García, el eternizado dirigente de la 34 se ha negado a permitir la elección de delegados en los centros de trabajo, designando de manera ilegal a sus incondicionales, además de no entregar desde hace más de un año el vestuario adecuado para que sus agremiados realicen funciones como la limpieza de fuentes. Y cuando algún trabajador le cuestiona el por qué no realiza eventos como el Día de la Madres del Padre o de la organización, “cínicamente responde: ¿Dónde dice en los estatutos que yo tengo que organizarles eventos?”.

De acuerdo con García Morales, es cuestión de tiempo para que una vez emitido el fallo del TFCA, la complicidad de Juan Ayala con el líder que se reeligió de manera ilegal para un tercer periodo, se desfonde procediéndose a convocar a nuevas elecciones donde ambos personajes ya no tendrán el manto protector y cómplice de la pasada administración.

La 15 y su antilíder

La Sección 15 asentada en las oficinas centrales del gobierno capitalino incubó en sus trabajadores una más que justificada rebelión en contra de su actual líder –también de los eternos reelectos–, Alberto Zamora. Durante la pasada administración, Zamora no solo los dejó solos, sino además buscó la manera de desplazarlos de áreas como Comunicación Social, por el hecho de haber gestionado de manera directa la defensa de sus derechos ante funcionarios como de la Oficialía Mayor.

Además, y ejerciendo una abierta violencia de género, inició una persecución en contra de las trabajadoras que participaron en los comicios seccionales de diciembre del 2017 bajo la planilla Violeta que encabezó Laura López, a las que en colusión con las autoridades les quitó su dígito sindical para bloquear su participación y atentar contra sus derechos humanos y laborales.

Abril Cabrera Aguilar es una de las sindicalizadas que vivió en carne propia el abandono de sus dirigentes seccionales desde que perteneciendo a la Sección 31 en el área de Divulgación Cultural de la Secretraría de Cultura de la CDMX, solicitó el apoyo de sus dirigentes para poder atender a su hermana de cáncer terminal.

Tal apoyo nunca llegó, por lo que debió hacer sus trámites de manera personal ante las autoridades para operar su cambio a la oficina de Comunicación Social ubicada en en la Plaza de la Constitución. Ahí cometió “el pecado” de alzar la voz pidiendo más equipo para que junto con sus ocho compañeros de base, todos ellos fotógrafos, realizarán de una manera más profesional y eficaz su labor.

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Otro de sus “excesos” fue protestar en la defensa de su espacio de trabajo ubicado en la azotea de las oficinas centrales; al final, terminó enfrentada con Alberto Zamora, quien negoció con las autoridades la cesión de esas oficinas para uso de su sección. Unos 15 trabajadores de su área, fotógrafos, camarógrafos y secretarias fueron obligados a trabajar en un área de 4×3 metros cuadrados.

De hecho, Abril Cabrera recuerda que Ricardo Olayos, un funcionario de Atención Ciudadana le dijo un día: “no te metas con el sindicato porque es muy poderoso”. Y como sucedió años atrás perteneciendo a la Sección 31, sus nuevos representantes de la Sección 25 tampoco metieron las manos por su afiliada y dejaron que Zamora hostigara laboralmente no sólo a Abril sino a otras sindicalizadas más del área de Comunicación Social.

La sindicalizada comenta que no alcanza a comprender cómo era posible que en vez de dotar de los equipos necesarios a los trabajadores sindicalizados los funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera preferían contratar empresas privadas, inflando las nóminas y los gastos del área de Comunicación Social.

La profesionista, especializada en el área de fotografía, indica que una de las consecuencias de haber encabezado el movimiento por la defensa de condiciones dignas de trabajo de sus compañeros, le costó ser ubicada en las tareas de transcripción. Pese a ello, tiene esperanza como muchos de sus compañeros de que las cosas cambien con la llegada de las nuevas autoridades.

Al igual que Abril, muchos trabajadores de la Sección 15 coinciden en señalar que Zamora debe ser investigado no únicamente por asuntos de discriminación, violencia de género sino además por la venta de plazas y comisiones. “Ya no tiene voz ni voto ante las bases, ha perdido toda interlocución con los nuevos funcionarios y como otros líderes afines a Juan Ayala, dejaron de representar a los trabajadores”.

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